Funcionario en Venezuela

Mis andanzas laborales se iniciaron, allá por los ya lejanos tiempos de la Transición, como funcionario de Correos y Telégrafos, cuando estos cuerpos pertenecían todavía al extinto Ministerio de la Gobernación, que englobaba también a la Policía Armada y la Guardia Civil; no promulgada la Constitución, pervivían nomenclaturas  anteriores y obligaciones laborales también hoy extinguidas: jornada de 44 horas semanales con obligatoriedad de trabajar, por turno, los sábados y los domingos. En una época sin móviles, fax ni correo electrónico, los telegramas y  cartas urgentes no conocían el descanso semanal, y los ciudadanos, a falta de prensa digital, querían tener su periódico suscrito (concretamente el Diario “SUR” malagueño) en el buzón diariamente, incluidos domingos y fiestas de guardar.

     He recordado estas peripecias casi en color sepia conociendo algunas de las medidas que Nicolás Maduro ha instaurado en Venezuela para fomentar el ahorro energético, a saber, que los empleados públicos solo trabajen el lunes y el martes, librando los demás días de la semana, y darles a todos vacaciones de Semana Santa. Son de suponer los efectos que esta parálisis debe estar provocando en las distintas esferas de la Administración de aquel país, que tiene racionados hasta los rollos de papel higiénico y donde los saqueos son crecientes.

     Venezuela cumplirá pronto algunos de los parámetros que se contemplan para un estado fallido. Su absoluta dependencia de la exportación petrolera y no haber promovido históricamente el fortalecimiento de otros sectores económicos, son factores que amenazan peligrosamente su estabilidad si el precio del crudo sigue en los niveles actuales, y parece que seguirá. Tampoco se comprende que un país superproductor de petróleo no se haya ocupado de planificar una verdadera política energética, extendiendo la utilización de fuentes alternativas en su propio territorio, que ahora depende de que llueva para que la presa del Guri pueda suministrar energía eléctrica a gran parte del país.

La prolongada sequía (o mejor “pertinaz”, que es como se dice en las dictaduras) y el cambio climático son la nueva amenaza para un pueblo que sufre crecientemente las consecuencias de unas políticas a las que se va todo por la lengua, más centradas en populismos grandilocuentes y programas oficialistas de radio que en los problemas reales de la gente. Hace unos días Maduro proclamó entre el regocijo de sus palmeros un incremento salarial del 30% (también para los funcionarios), pero omitió reconocer que la inflación pasa del 300%, cuando aquí estamos preocupados porque los precios no suben. Yo creo que al Libertador no le gustaría tomar un café a la luz de las velas en el siglo XXI en un país al borde de la bancarrota, ni que la moneda que lleva su nombre valga menos que un centavo de dólar. Simón Bolívar pretendía otra clase de liberación, seguramente sin presos políticos.

La situación devenida en Venezuela, y no solo por factores climáticos y coyunturas globales, no es una buena carta de presentación para ninguna formación política que pretenda extrapolar las bondades bolivarianas a cualquier otra sociedad.