He aquí dos
términos a los que tenemos que irnos acostumbrando, porque las modas no solo
colonizan las pasarelas sino también los léxicos. Estas dos palabrejas vienen a
cuento de la actualidad que está tomando la cuestión impositiva a resultas del
debate social referido al controvertido impuesto de sucesiones, y que ha sido
reavivado no hace mucho por el propio presidente de la Junta de Extremadura
Guillermo Fernández Vara en su nuevo canal en vivo y en directo. Aprovecho para
manifestar que esta forma de inquirir la opinión ciudadana usando las posibilidades
directas e inmediatas que ofrecen las redes sociales me parece una idea
aceptable, una forma de tomar el pulso de la calle que antes no existía. Otra
cosa es que la opinión ciudadana luego se plasme o no en actuación política.
Volviendo
al impuesto de sucesiones, pocas veces habrá tenido el presidente una respuesta
más unánime. Los ciudadanos dicen que es un impuesto a la muerte, injusto y
duplicado al gravar bienes y derechos por los que en su día ya se tributó. La
transmisión de una herencia familiar no es un negocio lucrativo, y en muchos
casos los tipos impositivos son auténticamente confiscatorios. Parece que tampoco
sirve para redistribuir la riqueza. Y aquí viene lo de la armonización: si uno
muere en Madrid no paga, pero en Guadalajara paga una media del 30% por lo
heredado. Por eso se acusa a esta comunidad de ejercer dumping, segunda palabreja que viene a significar competencia
desleal o romper el mercado, algo parecido a lo que está haciendo Irlanda. Está
claro que estas diferencias territoriales o falta de armonización, en primer
lugar, vulneran el derecho constitucional de igualdad y, por otro lado,
agrandan la brecha ya existente en la cohesión interterritorial: resulta que en
las comunidades pobres se paga más que en las ricas.
¿Quién es
entonces el culpable de la falta de armonización? ¿Las comunidades que
minimizan el impuesto que son acusadas por dumping
fiscal o las que mantienen sus leyes de financiación sin tocar el impuesto por
afán recaudatorio? ¿Sería posible establecer una horquilla de máximo y mínimo
común a nivel nacional, es decir, armonizar este tributo? Lo que no puede ser
es que ya haya familias extremeñas que les dejan a sus hijos en herencia un
piso en Madrid, o que haya empresas y grandes fortunas que cambian su
residencia a esa comunidad: ¿no es esto un paraíso fiscal dentro de nuestro
propio territorio que distorsiona el estado del bienestar? Ya no es posible que seamos todos moros o
todos cristianos, (aquello del “café para todos”), el Estado ya ha delegado más competencias a las
Comunidades Autónomas que los Länders
alemanes; la financiación autonómica es una quimera prácticamente inabordable
porque cada una ha ido introduciendo pequeñas “estructuras de estado” a las que
nunca renunciará. Por eso quienes abogan por una reforma de la Constitución en la
dirección federal deben calibrar si al final se afianzarán y adquirirán carta
de naturaleza definitivamente las diferencias entre territorios en lugar de
eliminarse.
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