miércoles, 22 de febrero de 2017

Armonización y dumping



   He aquí dos términos a los que tenemos que irnos acostumbrando, porque las modas no solo colonizan las pasarelas sino también los léxicos. Estas dos palabrejas vienen a cuento de la actualidad que está tomando la cuestión impositiva a resultas del debate social referido al controvertido impuesto de sucesiones, y que ha sido reavivado no hace mucho por el propio presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara en su nuevo canal en vivo y en directo. Aprovecho para manifestar que esta forma de inquirir la opinión ciudadana usando las posibilidades directas e inmediatas que ofrecen las redes sociales me parece una idea aceptable, una forma de tomar el pulso de la calle que antes no existía. Otra cosa es que la opinión ciudadana luego se plasme o no en actuación política.
     Volviendo al impuesto de sucesiones, pocas veces habrá tenido el presidente una respuesta más unánime. Los ciudadanos dicen que es un impuesto a la muerte, injusto y duplicado al gravar bienes y derechos por los que en su día ya se tributó. La transmisión de una herencia familiar no es un negocio lucrativo, y en muchos casos los tipos impositivos son auténticamente confiscatorios. Parece que tampoco sirve para redistribuir la riqueza. Y aquí viene lo de la armonización: si uno muere en Madrid no paga, pero en Guadalajara paga una media del 30% por lo heredado. Por eso se acusa a esta comunidad de ejercer dumping, segunda palabreja que viene a significar competencia desleal o romper el mercado, algo parecido a lo que está haciendo Irlanda. Está claro que estas diferencias territoriales o falta de armonización, en primer lugar, vulneran el derecho constitucional de igualdad y, por otro lado, agrandan la brecha ya existente en la cohesión interterritorial: resulta que en las comunidades pobres se paga más que en las ricas.
   ¿Quién es entonces el culpable de la falta de armonización? ¿Las comunidades que minimizan el impuesto que son acusadas por dumping fiscal o las que mantienen sus leyes de financiación sin tocar el impuesto por afán recaudatorio? ¿Sería posible establecer una horquilla de máximo y mínimo común a nivel nacional, es decir, armonizar este tributo? Lo que no puede ser es que ya haya familias extremeñas que les dejan a sus hijos en herencia un piso en Madrid, o que haya empresas y grandes fortunas que cambian su residencia a esa comunidad: ¿no es esto un paraíso fiscal dentro de nuestro propio territorio que distorsiona el estado del bienestar?  Ya no es posible que seamos todos moros o todos cristianos, (aquello del “café para todos”), el Estado  ya ha delegado más competencias a las Comunidades Autónomas que los Länders alemanes; la financiación autonómica es una quimera prácticamente inabordable porque cada una ha ido introduciendo pequeñas “estructuras de estado” a las que nunca renunciará. Por eso quienes abogan por una reforma de la Constitución en la dirección federal deben calibrar si al final se afianzarán y adquirirán carta de naturaleza definitivamente las diferencias entre territorios en lugar de eliminarse.

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