Pertenezco a una generación en la que aprobar unas oposiciones al Estado o los exámenes de acceso a un banco eran considerados por nuestros mayores como una “lotería para toda la vida”. Incluso fue posible en algunos casos conjugar esos dos destinos cuando existía la banca pública, pues una parte de los empleados amenazados ahora por el ERE desmedido del BBVA pertenecieron a entidades aglutinadas en Argentaria, gozando de “la garantía del Estado” hasta que esa garantía se convirtió en papel mojado con la privatización del grupo bancario. Igual sucedió con la venta del resto de empresas públicas llamadas joyas de la corona para enjugar los déficits generados por la desastrosa gestión económica de los gobiernos, de uno u otro signo. Ya sabemos que las empresas privadas no otorgan a sus empleados una credencial de funcionario. Pero los términos en los que se firmaba hasta ahora en la banca la salida de esos empleados por lo general eran pactados, con voluntariedad y en unas condiciones económicas más o menos asumibles hasta el horizonte de la jubilación.
La definición técnica del ERE (que emplearán Caixabank, BBVA y otras entidades para soltar lastre humano), es un procedimiento mediante el cual una empresa en una mala situación económica, por causa de fuerza mayor, busca obtener autorización para despedir trabajadores. Por consiguiente, no se concibe el uso de esta figura para el despido masivo en empresas con beneficios milmillonarios. Esto es sencillamente subvertir la dinámica empresarial y emputecer las relaciones laborales, con el beneplácito incomprensible de la autoridad gubernativa (de izquierdas, por cierto). Si realmente existiera fuerza mayor (vis maior en latín, algo que no se puede evitar ni prever) no sería posible que las cúpulas directivas de esas mismas empresas sigan subiéndose los sueldos, manteniendo bonus escandalosos, incluso en bancos rescatados con nuestro dinero. El no intervencionismo en el área privada debe tener unos límites, pues lo moralmente inaceptable no necesita estar escrito.
Conservo en el
sector bancario compañeros y amigos que dieron lo mejor de sí mismos en su
profesión, que incluso se identificaron con el ideario de la empresa afrontando
condiciones laborales leoninas, prolongando jornadas gratuitamente, soportando
presiones personales y objetivos comerciales inasumibles. Ellos y ellas son los
verdaderos artífices de las cuentas de resultados que la dirección de la entidad
convierte en cacareados mantras de salón como “crear valor para el accionista”.
Pero ahora se deshacen de esos mismos empleados como semovientes inútiles para
la cosecha, y a precios de saldo. La digitalización, la gestión remota y el teletrabajo los han
convertido en una rémora que dificulta cumplir la máxima empresarial de obtener
más y más beneficios al mínimo coste posible. Ya no
importa la despersonalización en la atención al cliente (antigua obsesión de las empresas de servicios) ni la exclusión
bancaria de zonas rurales. Aquellos a
quienes tocó la lotería al entrar en el banco ven ahora reclamado el premio con
efectos retroactivos, y muchos se verán en su madurez profesional buscando una
recolocación incierta o asumiendo con desasosiego una pensión menguada. Difícil
trance, pues ya dijo Quevedo que donde hay poca justicia
es un peligro tener razón. Todo mi apoyo.
