Armonización y dumping

   He aquí dos términos a los que tenemos que irnos acostumbrando, porque las modas no solo colonizan las pasarelas sino también los léxicos. Estas dos palabrejas vienen a cuento de la actualidad que está tomando la cuestión impositiva a resultas del debate social referido al controvertido impuesto de sucesiones, y que ha sido reavivado no hace mucho por el propio presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara en su nuevo canal en vivo y en directo. Aprovecho para manifestar que esta forma de inquirir la opinión ciudadana usando las posibilidades directas e inmediatas que ofrecen las redes sociales me parece una idea aceptable, una forma de tomar el pulso de la calle que antes no existía. Otra cosa es que la opinión ciudadana luego se plasme o no en actuación política.

     Volviendo al impuesto de sucesiones, pocas veces habrá tenido el presidente una respuesta más unánime. Los ciudadanos dicen que es un impuesto a la muerte, injusto y duplicado al gravar bienes y derechos por los que en su día ya se tributó. La transmisión de una herencia familiar no es un negocio lucrativo, y en muchos casos los tipos impositivos son auténticamente confiscatorios. Parece que tampoco sirve para redistribuir la riqueza. Y aquí viene lo de la armonización: si uno muere en Madrid no paga, pero en Guadalajara paga una media del 30% por lo heredado. Por eso se acusa a esta comunidad de ejercer dumping, segunda palabreja que viene a significar competencia desleal o romper el mercado, algo parecido a lo que está haciendo Irlanda. Está claro que estas diferencias territoriales o falta de armonización, en primer lugar, vulneran el derecho constitucional de igualdad y, por otro lado, agrandan la brecha ya existente en la cohesión interterritorial: resulta que en las comunidades pobres se paga más que en las ricas.

   ¿Quién es entonces el culpable de la falta de armonización? ¿Las comunidades que minimizan el impuesto que son acusadas por dumping fiscal o las que mantienen sus leyes de financiación sin tocar el impuesto por afán recaudatorio? ¿Sería posible establecer una horquilla de máximo y mínimo común a nivel nacional, es decir, armonizar este tributo? Lo que no puede ser es que ya haya familias extremeñas que les dejan a sus hijos en herencia un piso en Madrid, o que haya empresas y grandes fortunas que cambian su residencia a esa comunidad: ¿no es esto un paraíso fiscal dentro de nuestro propio territorio que distorsiona el estado del bienestar?  Ya no es posible que seamos todos moros o todos cristianos, (aquello del “café para todos”), el Estado  ya ha delegado más competencias a las Comunidades Autónomas que los Länders alemanes; la financiación autonómica es una quimera prácticamente inabordable porque cada una ha ido introduciendo pequeñas “estructuras de estado” a las que nunca renunciará. Por eso quienes abogan por una reforma de la Constitución en la dirección federal deben calibrar si al final se afianzarán y adquirirán carta de naturaleza definitivamente las diferencias entre territorios en lugar de eliminarse.

La cárcel no basta

     Se acaba de iniciar el plazo para que los españolitos se confiesen con Hacienda, y es el momento de perfilar contriciones fiscales que hagan de nuestra declaración un proceso natural donde también se incluye la aceptación de esa incómoda penitencia en forma de impuestos. Hace unos años era frecuente observar en la calle ese trasiego precipitado hacia bancos, gestorías y cajas de ahorro, o a las oficinas de la Agencia Tributaria con los papeles del PADRE bajo el brazo; pero ya se van desterrando esos trances presenciales y nuestra confesión anual va teniendo lugar cada vez más en la intimidad eremita de Internet.

     El tejemaneje de esos papeles para con Hacienda de toda la población ha coincidido con los flujos informativos sobre los “papeles de Panamá”, esos otros contubernios concebidos precisamente para evadir impuestos. Claro. La gente se pregunta cómo es posible que la maquinaria fiscal sea tan potente como para detectar cinco euros de diferencia en nuestra declaración, pero inservible para descubrir fraudes millonarios durante décadas. Algo falla. Han tenido que ser los periodistas los que destapen (como otras muchas veces) este escándalo mientras los mecanismos de inspección de los estados miraban para otro lado. Está claro que no ha existido voluntad verdadera de acabar con este escamoteo fiscal de grandes proporciones, y la prueba de ello es que gran parte de los nombres detectados en paraísos fiscales son de políticos. Nunca fue tan claro aquello de “quien hace la ley hace la trampa”.

     Mario Conde ha vuelto a ser detenido. Su paso por la cárcel no ha evitado que rehiciera parte de su imperio blanqueando el dinero que se llevó a Suiza después de descapitalizar Banesto. ¿Qué controles han existido? ¿Por qué no devolvió lo robado? ¿Por qué seguía disfrutando de fincas y chalets? Francisco Paesa, aquel que fue incinerado en Tailandia ha resucitado también en Panamá, constituyendo este episodio el argumento para una comedia de Arniches. ¿Dónde están los 1.700 millones de pesetas que se llevó Roldán? Porque tampoco su prisión ha servido para que fueran devueltos. Ni los papeles de Bárcenas ni su privación de libertad han servido para recuperar todo lo sustraído ilegalmente. Hasta el Dioni se ha mofado de la justicia porque nunca aparecieron 150 millones que él dice que se gastó en putas en Brasil. Y estoy seguro que los Pujoles se irán de rositas con la historia de la herencia.

     La indignación popular de quienes destinan un sustancioso porcentaje de sus ingresos a contribuir con impuestos al crecimiento del país lleva frecuentemente a decir “a la cárcel con ese tío”. Pero está demostrado que la cárcel no es suficiente. Hemos magnificado la prisión como escarmiento extremo y definitivo cuando para estos chorizos de guante blanco solo es un trámite para dar apariencia de castigo y limpieza de pasado, pero seguir delinquiendo después sin sospecha. Ni se rehabilita el drogadicto ni el evasor de fortunas. Entonces ¿qué hace falta? ¿Más leyes? ¿Votar a “la nueva política”? Se admiten sugerencias.

Salarios

    El tránsito de un año a otro ha estado marcado por un flujo informativo con el salario como protagonista. Es sabido que esta forma de denominar al sueldo de un trabajador viene de la antigua Roma, donde se pagaba en sal –salarium- a los soldados del Imperio. Así, en estos días, y de forma voluntaria, la Casa Real española hacía públicas las asignaciones económicas que perciben sus miembros, circunstancia que ha dado pie a ríos de tinta y comparaciones varias.

   Pero también el Gobierno decidía que no subiría el salario mínimo interprofesional, fijado en 641 euros;  tengamos en cuenta que el IPC ha subido un 2,9%, por lo que esta congenación supone una merma virtual, y en todo caso muchos de los que lean estas líneas no llegarían ni al día 10 con esta cantidad. Por último, el Banco de España obligaba a publicar las remuneraciones de consejeros y altos cargos de las cajas de ahorro ante la alarma causada por los datos económicos conocidos de algunos de estos personajes, cuyas entidades han recibido cuantiosos fondos públicos. Existen cientos de consejeros con un salario superior al del Rey. Se ha conocido, por ejemplo, que en los últimos seis años la remuneración media a consejeros creció un 80%, mientras el beneficio cayó un 27%. Rodrigo Rato, presidente de la fusionada Bankia, percibe unos 3 millones de euros entre retribución fija y variable, todavía lejos de los 4,9 de Botín o los 5,3 de Francisco González, sin contar sus planes de pensiones. Hablando de salarios en sentido prístino y originario del término, como para enterrarlos literalmente en sal, como se hace con los jamones. Aunque las entidades de estos dos últimos presidentes no han recibido ayudas públicas, quedémonos con el dato de que con el sueldo anual de los tres presidentes en salmuera citados podrían contratarse y pagarse cerca de dos mil trabajadores con salario mínimo.

   Más sobre salarios: los empleados públicos tampoco verán incrementado su estipendio, esto unido al aumento de su jornada laboral y a la subida de las retenciones fiscales, hará decrecer también virtualmente su ya castigado potencial económico. Y en cuanto al resto de trabajadores, muchos de los cuales están con su convenio congelado en espera de las reformas laborales, ídem de ídem. En definitiva, habitamos un país de salarios congelados, a excepción de algunos “salados” que han conseguido eludir esta ola invernal. Y esto da pie a afrontar una reflexión continua acerca de la proporcionalidad de las medidas que se toman para aminorar unos desequilibrios que producen empobrecimiento de grandes masas ciudadanas. La subida de impuestos y retenciones, por muy proporcionales que sean, recaen siempre en los mismos conjuntos de asalariados. Si se mantienen estas desproporciones seguiremos teniendo la percepción de que no existe un sacrificio colectivo para salir del atolladero. Nos engaña un gobierno de izquierdas que hace políticas de derechas, de la misma forma que uno de derechas que toma decisiones contrarias a lo que prometieron a sus votantes. O todos moros o todos cristianos, de lo contrario la picaresca y el fraude campearán por saecula saeculorum, y la clase política cada vez será mças un problema en las encuestas.