La cartilla

Ochenta y seis mil doscientas cuarenta y tres pesetas. Así, escrito a bolígrafo, rezaba el saldo de la cartilla de la Caja Postal, aquella con un escudo de España preconstitucional. La cartilla, en lugar de un extracto permanente de nuestra cuenta, era más bien un diario manuscrito con aquellas anotaciones (en rojo los reintegros, en negro los ingresos), y un verdadero cuaderno de viajes, pues en cada operación estaba el sello de tinta de la oficina y localidad donde se operó. La cartilla se guardaba celosamente en el cajón del aparador, junto a la baraja de cartas y las facturas de la luz, y se miraba, bien con deleite al comprobar cómo iban aumentando los ahorros, o bien con desazón si el último saldo inscrito auguraba penurias económicas. En el mejor de los casos con la cartilla había otra de plazo fijo atada con una goma, y era un placer ver las anotaciones de los intereses en la “corriente”. A veces incluso había allí libretas de distintas entidades, de diferentes colores y tamaños, como pasaportes de un agente secreto, para nuestras actividades pecuniarias.

   El ahorro siempre tuvo un componente manipulativo, desde aquellas huchas infantiles de hojalata donde un pajarraco prendía en su pico la moneda depositada para llevarla al interior accionando una manivela. De niños canjeábamos en la Caja de Ahorros las propinas y aguinaldos por unos sellos que pegábamos en un álbum, ávidos de rellenar la hoja que nos garantizaba después el asiento correspondiente en nuestra libreta de ahorros. Era una afición paralela a la filatelia, pero con resultados económicos palpables.

   Ahora, a las generaciones que crecieron con este concepto corpóreo del ahorro se les quiere también despojar de uno de los principales instrumentos bancarios que conocieron en su vida: su cartilla.
Cada vez son más las pegas que ponen las entidades financieras para que el cliente goce de este soporte, cobrando comisiones disuasorias por su uso, es decir, penalizando económicamente una de las mayores vías de relación con el banco de ese castigado y nada despreciable segmento de clientes para los que la digitalización no podrá ya ser asumida como algo cotidiano. Con ello, la brecha digital de estos colectivos, a quienes ya se obliga a comunicarse telemáticamente con Hacienda o la Seguridad Social, aumentará aún más en el aspecto financiero. Muchos de ellos ya han visto cómo en su pueblo cerraba la sucursal bancaria; dentro de poco se sentirán todavía más desnudos sin su cartilla de ahorros.

    Todos sabemos que los tiempos evolucionan, tal vez ahora con mayor rapidez que en el pasado. Pero ¿no les da la impresión de que los estamentos sociales que preconizan e implantan esos avances se están olvidando precisamente de quienes nos han llevado a ellos? Nada de lo que ahora disfrutamos sería posible sin el trabajo de los que nos han precedido en el tiempo, y es tremendamente injusto el olvido y el ninguneo al que están continuamente sometidos. Es ya difícil que hagan un bizum a sus nietos. Pero solo son mayores, no idiotas.

 

Los despidos de la banca

 

     Pertenezco a una generación en la que aprobar unas oposiciones al Estado o los exámenes de acceso a un banco eran considerados  por nuestros mayores como una “lotería para toda la vida”. Incluso fue posible en algunos casos conjugar esos dos destinos cuando existía la banca pública, pues una parte de los empleados amenazados ahora por el ERE desmedido del BBVA pertenecieron a entidades aglutinadas en Argentaria, gozando de “la garantía del Estado” hasta que esa garantía se convirtió en papel mojado con la privatización del grupo bancario. Igual sucedió con la venta del resto de  empresas públicas llamadas joyas de la corona para enjugar los déficits generados por la desastrosa gestión económica de los gobiernos, de uno u otro signo. Ya sabemos que las  empresas privadas no otorgan a sus empleados una credencial de funcionario. Pero los términos en los que se firmaba hasta ahora en la banca la salida de esos empleados por lo general eran pactados, con voluntariedad y en unas condiciones económicas más o  menos asumibles hasta el horizonte de la jubilación.

     La definición técnica del ERE (que emplearán Caixabank, BBVA y otras entidades para soltar lastre humano), es un procedimiento mediante el cual una empresa en una mala situación económica, por causa de fuerza mayor, busca obtener autorización para despedir trabajadores. Por consiguiente, no se concibe el uso de esta figura para el despido masivo en empresas con beneficios milmillonarios. Esto es sencillamente subvertir la dinámica empresarial y emputecer las relaciones laborales,  con el beneplácito incomprensible de la autoridad gubernativa (de izquierdas, por cierto). Si realmente existiera fuerza mayor (vis maior en latín, algo que no se puede evitar ni prever) no sería posible que las cúpulas directivas de esas mismas empresas sigan subiéndose los sueldos, manteniendo bonus escandalosos, incluso en bancos rescatados con nuestro dinero. El no intervencionismo en el  área privada debe tener unos límites, pues lo moralmente inaceptable no necesita estar escrito.

     Conservo en el sector bancario compañeros y amigos que dieron lo mejor de sí mismos en su profesión, que incluso se identificaron con el ideario de la empresa afrontando condiciones laborales leoninas, prolongando jornadas gratuitamente, soportando presiones personales y objetivos comerciales inasumibles. Ellos y ellas son los verdaderos artífices de las cuentas de resultados que la dirección de la entidad convierte en cacareados mantras de salón como “crear valor para el accionista”. Pero ahora se deshacen de esos mismos empleados como semovientes inútiles para la cosecha, y a precios de saldo. La digitalización, la gestión remota y el teletrabajo los han convertido en una rémora que dificulta cumplir la máxima empresarial  de obtener más y más beneficios al mínimo coste posible. Ya no importa la despersonalización en la atención al cliente (antigua obsesión de las empresas de servicios) ni la exclusión bancaria de zonas rurales. Aquellos  a quienes tocó la lotería al entrar en el banco ven ahora reclamado el premio con efectos retroactivos, y muchos se verán en su madurez profesional buscando una recolocación incierta o asumiendo con desasosiego una pensión menguada. Difícil trance, pues ya dijo Quevedo que donde hay poca justicia es un peligro tener razón. Todo mi apoyo.

Despoblación y olvido. ¿Qué fue de la Caja?

     Hace unos meses ya me referí  al llamado “invierno demográfico” que asola nuestras comarcas rurales, abocando a muchos núcleos pequeños de población a un irreversible ocaso que terminará  de modo cierto en su desaparición. En aquella ocasión (era verano) el asunto surgió con relación a los incendios y al abandono de los montes por no existir ya pastoreo ni labor alguna por falta de efectivos humanos. No incidiré en las razones de este despoblamiento, que pueden consultarse en un magnífico reportaje de Antonio Armero en este diario el pasado domingo, y que asola sobre todo al norte de Extremadura.

     Ya han desaparecido en España centenares de pueblos, ¿cuántos le tocarán a Extremadura en las próximas décadas? Recientemente y a resultas de mis “tours” senderistas, he recalado en Descargamaría, en la Sierra de Gata cacereña, que llegó a tener 900 almas antes de la diáspora de la emigración. Hoy a duras penas supera el centenar, la mayor parte pensionistas: ¿qué será de este y otros muchos pueblos cuando se consume ese otro éxodo ineludible, ese del que no se regresa? Aquí ya está justificado el término de “suicidio demográfico” que se empieza a ver en algunos foros. Porque ya no es suficiente que aparezcan aquí y allá algunas casas rurales para solaz efímero de visitantes urbanitas de finde; el turismo es importante, pero por sí solo no fija población al medio rural, habría que tender a que los pueblos no se queden sin habitantes, a que no desaparezcan estilos de vida ni cultivos ni aprovechamientos ni paisajes. Soluciones imaginativas para las que toda ayuda será poca.

   Pero vean cómo son las cosas. Estamentos como la banca, motor de la economía y punta de la vanguardia tecnológica, cuyo compromiso social debería ser universal, está abandonando a su suerte a estas esquilmadas poblaciones, suprimiendo no solo oficinas rurales, sino incluso aquellos corresponsales que atendían a estos núcleos un día por semana. Ahora, jubilados con 80 años tienen que desplazarse como puedan a los cajeros automáticos de su cabecera geográfica u operar por “banca electrónica” ¿mande?  Parece que otro tipo de atención a estos segmentos rurales  no resulta rentable ni importa demasiado la desastrosa imagen de marca que ello comporta. Y he recordado con cierta nostalgia cuando la Caja, por antonomasia,  pagaba las verbenas de los pueblos, los bancos y las papeleras del parque, cuando sorteaba bicicletas y en todas las casas del pueblo más pequeño había un cenicero y un calendario de la Caja. Pero el olvido, ese hermano ausente de la memoria, que dijo el hispanista Cees Nooteboom, ha llegado para quedarse. Creía ingenuamente que las cuentas de resultados eran globales y que estas potentes empresas asumían pequeñas pérdidas en zonas poco pobladas que compensaban  fácilmente con beneficios en grandes y masificadas áreas urbanas, como las líneas de transporte. Pero no. Para esta entrañable población rural, que merecería ser mimada para que no se extinguiera lánguidamente, con esta “obra anti-social” la única caja que esperan ver, muy a su pesar, será la de pino.

Fiascos financieros:el país del tocomocho

     Seguramente los lectores más veteranos recuerden con nitidez los escándalos de Hiconsa Renta y Sofico, allá por el tardofranquismo, donde al amparo del boom del ladrillo costero, miles de inversores perdieron sus ahorros al confiar en esos entramados financieros que prometían altas rentabilidades gracias al dinero seguro que representaba el turismo. Años más tarde Rumasa tuvo que ser intervenida por el Estado ante la gigantesca proporción que empezaban a tomar las graves irregularidades contables de las empresas de Ruiz Mateos (personaje novelesco que finalmente estafó en su ancianidad a otros tantos miles de incautos con su “Nueva Rumasa”).

   Este es el país del tocomocho, y se cuenta que ya en el siglo XIX Baldomera Larra (hija del eximio escritor don Mariano José) fue pionera en el timo financiero con sus negocios prestamistas, embaucando a un montón de cándidos ciudadanos. Siempre han medrado los ingenieros del fraude, que tras una apariencia emprendedora y atractiva, han arrastrado a legiones de estafados que trataban de aprovecharse también de intereses que a veces doblaban los que podía ofrecer un mercado bancario normal. La gente no ve ni parece importarle lo que hay detrás de estos negocios, verdaderos mirlos blancos para sus inversiones. Ahí tenemos, más cercanos en el tiempo, los escándalos piramidales de Fórum Filatélico y Afinsa, por no hablar de Gescartera y otros fiascos.

   Con la experiencia que debía suponer para las autoridades monetarias este historial de sablazos colectivos  y con la existencia de potentes organismos reguladores, a muchos nos extraña sobremanera que no se haya detenido todavía la nómina de ciudadanos que pierden sus ahorros, no ya en chiringuitos financieros revestidos falsamente de  rectitud y legitimidad, sino confiando sus capitales a entidades  con solera y bancos como Dios manda. Porque esto ha sucedido hace nada  con las encerronas de las participaciones preferentes ofrecidas por muchas cajas de ahorros a sus clientes de toda la vida; con las acciones de Bankia y, por último, con el Banco Popular, que llegó a ser considerado el  más rentable del mundo, pero donde sus 300.000 accionistas actuales, grandes y chicos, han perdido todo su dinero invertido. ¿Para qué sirven entonces las auditorías del Banco de España, si no advierten que una entidad puede quedarse sin liquidez de un día para otro? Los famosos y exigentes “tests de stress” del Banco Central Europeo tampoco detectan los desajustes que pueden llegar en breve plazo a suspensión de pagos, pues son superados como un estudiante que aprueba con chuleta en los exámenes y pasa de curso impunemente.

      Mucha parafernalia de control, mucha regulación y supervisión,  pero contémosle esta milonga a los accionistas del Popular a ver qué nos dicen. ¿Por qué nadie les avisó? ¿Estaría orquestada la solución subrepticia (venta por un euro) y no convenía levantar la liebre? Lo que está claro es que  quienes conocían lo que se avecinaba retiraron a tiempo sus depósitos y paquetes de acciones. A decir del Gobierno, el desenlace de esta crisis bancaria demuestra “la solidez del sistema bancario español”. Mentira. También escuchamos esa frase poco antes del rescate bancario que nos costó más de 60.000 millones de euros. Al final van a tener razón quienes solo confiaron en el colchón, la baldosa o la teja vana.