El fin de los interinos

El acuerdo alcanzado entre gobierno y sindicatos para la estabilización de  miles de interinos en las Administraciones Públicas tiene  una casuística amplia, inabordable en este breve espacio. Como funcionario de carrera (en excedencia), trataré de señalar solo algunas claves que evidencian que no  todos saldrán beneficiados.

     Por un lado, existen esferas administrativas donde pasan muchos años sin convocarse pruebas selectivas, siendo la  interinidad  la forma de provisión habitual. Aquí está  indicada la innovación legislativa promovida por Miquel Iceta de dar oportunidad de obtener plaza fija mediante unas oposiciones a quienes ya están en el desempeño, ponderando adecuadamente su experiencia. Pero, claro,  hay que estudiar.  Para otros cuerpos  de la Administración no sucede así: a pesar de convocarse oposiciones periódicamente, existe un contingente importante de interinos  que ponen poco empeño, sabedores de que siempre habrá eventuales y  ocuparán los primeros puestos en las bolsas. Algunos de estos “interinos profesionales”, agrupados en  plataformas, exigen la “fijeza” sin concurrencia pública, infringiendo ese principio legal. Ahora deberán acudir a un examen por mucho que se dulcifique su nota con la experiencia.

     Aunque esta medida solucionará la inestabilidad laboral de muchos empleados públicos, también creará importantes agravios en otros colectivos. Los opositores  sin experiencia previa, que se tiran diez horas diarias de estudio durante meses, verán muy difícil la obtención de una plaza ante quienes ya van con un 40% de la nota final en los concursos en base al tiempo acumulado en su interinidad. Quizás  sería bueno que hubiera un turno libre y otro restringido, con plazas para todos. Y, también, los funcionarios de carrera que gracias a su tesón lograron plaza en una oposición libre, se verán adelantados –tal vez- y postergados en los escalafones por muchos de quienes no se esforzaron tanto en el pasado pero ya computan  tiempo de servicio previo, y esto tiene incidencia capital en baremos de promoción interna, concursos de traslados, etc. Lo que es justo para unos, será visto como perjuicio para otros.

   Este proceso, que se lanza como algo  innovador, no lo es en absoluto. En mis tiempos de funcionario en activo ya se dieron algunas oposiciones  rozando la ilegalidad  solo para interinos (es decir, con tantas vacantes como aspirantes, y no con la proporción de una plaza por cada 60 opositores, como fue mi caso). Creo que aquellos procesos selectivos, sin ser idénticos, inspiran en parte este nuevo Decreto. Los interinos, por norma general, obtendrían ahora su plaza, pues dudo que la Administración engorde su déficit indemnizando económicamente a quien no apruebe, como contempla el Decreto. El mayor problema es que muchos eventuales, por edad y circunstancias familiares no podrán implicarse como quisieran en una preparación de garantías.

   Se busca un equilibrio, pero es inestable, donde no todos ganan y resulta difícil preservar en todo caso los  principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Valorar la experiencia en un concurso-oposición es justo, pero en ocasiones la  competencia no  es algo que emerja de un ensalmo por el mero discurrir del tiempo, ni en la empresa privada ni en la pública. La formación y el esfuerzo nunca se deben soslayar.

 

Oposiciones

     Soy funcionario (ahora en excedencia) por oposición, aunque en la vida he hecho otras cosas. Con 19 años una tarde otoñal tomaba el Lusitania Exprés que me dejaría tras cinco horas y media en Atocha, cargado con una máquina de escribir; era la prueba final, para mostrar las destrezas mecanográficas exigidas. Dormí en una pensión barata en los aledaños de la Puerta del Sol, de aquellas con crujiente piso de madera, en habitación compartida con un maletilla sonámbulo de Córdoba, lo recuerdo. Al día siguiente recalábamos miles de opositores de la España centralista y menos mal que no se suspendió la prueba por “irregularidades”.

     El sistema de oposiciones para acceder a la Función Pública, siempre que se garanticen esos ya tópicos principos de igualdad, mérito y capacidad se ha demostrado el mejor y está instaurado desde mediados del siglo XIX. Con Alfonso XIII se consolida además la inamobilidad (eliminando las cesantías). Sin embargo las oposiciones siempre han estado revestidas de un halo de sospecha y desconfianza, cargándose tradicionalmente las tintas en los enchufes, los chanchullos y los enjuagues. Es injusto.

     Si revisamos someramente las hemerotecas, en Extremadura en los últimos años se han producido variadas incidencias en este sistema de acceso que ayudan a mantener su leyenda negra; desde tener que repetir una prueba por las múltiples impugnaciones de los opositores hasta anular la oposición entera teniendo que intervenir los tribunales de justicia (Enfermería del SES). Desde categorías de camarero-limpiador hasta psicólogos y economistas. Desde denunciarse “íntima relación amistosa” de un opositor con el tribunal (caso Mejuto) hasta “ememistad manifiesta” (FP de Mérida).

Entre medias, un rosario de impugnaciones, sentencias y recursos que lo único que hacen es retrasar y judiacializar los procesos, crear agravios comparativos y sumir a los sufridos opositores en el desánimo y la impotencia, ya de por sí amplificadas por el nivel de desempleo y las famosas tasas de reposición. La perla ha sido recientemente tener que suspender un examen ¡porque faltaban las hojas pares! (ATS-DUE). Es bochornoso que existan por ahí asambleas de afectados y plataformas en redes sociales de tal o cual oposición, lo cual es síntoma de que las cosas se están haciendo muy mal y está cundiendo el convencimiento de que la  Administración Autonómica, lejos de garantizar la limpieza y el orden en los procesos selectivos, está contribuyendo a su descrédito. No me refiero en exclusiva a las actuales consejerías: la alternancia PP-PSOE en el gobierno regional ha propiciado esa guerra para desprestigiar al contrario siempre con el pobre argumento de que las oposiciones irregulares se convocaron bajo el mandato del otro.

     Hay que valorar la reciente aprobación en la Asamblea extremeña de una Propuesta de Impulso con varias medidas para mejorar los procesos selectivos, pero me llama la atención que se exhiba como un gran logro garantista “la suspensión de manera provisional de aquellos procesos en los que se han denunciado irregularidades”. A mí me parece que lo que hay que evitar son precisamente esas suspensiones y luchar denodadamente contra la incompetencia que las provoca. Si el mal emana de la ineptitud de algunos tribunales, buenas ganas que existan después todas las garantías jurídicas imaginables. La chapuza ya está hecha.

Funcionario en Venezuela

Mis andanzas laborales se iniciaron, allá por los ya lejanos tiempos de la Transición, como funcionario de Correos y Telégrafos, cuando estos cuerpos pertenecían todavía al extinto Ministerio de la Gobernación, que englobaba también a la Policía Armada y la Guardia Civil; no promulgada la Constitución, pervivían nomenclaturas  anteriores y obligaciones laborales también hoy extinguidas: jornada de 44 horas semanales con obligatoriedad de trabajar, por turno, los sábados y los domingos. En una época sin móviles, fax ni correo electrónico, los telegramas y  cartas urgentes no conocían el descanso semanal, y los ciudadanos, a falta de prensa digital, querían tener su periódico suscrito (concretamente el Diario “SUR” malagueño) en el buzón diariamente, incluidos domingos y fiestas de guardar.

     He recordado estas peripecias casi en color sepia conociendo algunas de las medidas que Nicolás Maduro ha instaurado en Venezuela para fomentar el ahorro energético, a saber, que los empleados públicos solo trabajen el lunes y el martes, librando los demás días de la semana, y darles a todos vacaciones de Semana Santa. Son de suponer los efectos que esta parálisis debe estar provocando en las distintas esferas de la Administración de aquel país, que tiene racionados hasta los rollos de papel higiénico y donde los saqueos son crecientes.

     Venezuela cumplirá pronto algunos de los parámetros que se contemplan para un estado fallido. Su absoluta dependencia de la exportación petrolera y no haber promovido históricamente el fortalecimiento de otros sectores económicos, son factores que amenazan peligrosamente su estabilidad si el precio del crudo sigue en los niveles actuales, y parece que seguirá. Tampoco se comprende que un país superproductor de petróleo no se haya ocupado de planificar una verdadera política energética, extendiendo la utilización de fuentes alternativas en su propio territorio, que ahora depende de que llueva para que la presa del Guri pueda suministrar energía eléctrica a gran parte del país.

La prolongada sequía (o mejor “pertinaz”, que es como se dice en las dictaduras) y el cambio climático son la nueva amenaza para un pueblo que sufre crecientemente las consecuencias de unas políticas a las que se va todo por la lengua, más centradas en populismos grandilocuentes y programas oficialistas de radio que en los problemas reales de la gente. Hace unos días Maduro proclamó entre el regocijo de sus palmeros un incremento salarial del 30% (también para los funcionarios), pero omitió reconocer que la inflación pasa del 300%, cuando aquí estamos preocupados porque los precios no suben. Yo creo que al Libertador no le gustaría tomar un café a la luz de las velas en el siglo XXI en un país al borde de la bancarrota, ni que la moneda que lleva su nombre valga menos que un centavo de dólar. Simón Bolívar pretendía otra clase de liberación, seguramente sin presos políticos.

La situación devenida en Venezuela, y no solo por factores climáticos y coyunturas globales, no es una buena carta de presentación para ninguna formación política que pretenda extrapolar las bondades bolivarianas a cualquier otra sociedad.

Interinos

     El adelgazamiento de las estructuras de la Administración Pública puesta en marcha por los gobiernos hijos de la gran crisis, afrontado como una dieta salvaje de esas que permiten perder funcionarios en pocos meses para mirarse ufanos en el espejo de Europa, ha hecho aflorar de nuevo aquella figura olvidada del interino, con reminiscencias añejas. Porque no todos los servicios administrativos son susceptibles de ser eliminados de un plumazo con su dotación de personal incluida. La gente sigue enfermando, y los niños y jóvenes continúan necesitando educación de calidad so pena de dirigirnos hacia una sociedad zopenca por mor de la reducción del déficit. De manera que funcionarios o no, alguien debe encargarse de estos servicios esenciales porque la tasa de reposición de enfermos, desgraciadamente, no es del 10% y los niños que van a la escuela son aproximadamente los mismos cada año.

    El interino es, pues, ese ser que, realizando el mismo trabajo, vegeta a la sombra de los funcionarios de carrera en regresión, con cada vez más escasas posibilidades de acceder algún día a un puesto fijo. Los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad son una entelequia para quienes después de superar unas oposiciones con la máxima puntuación, son etiquetados hirientemente como “aprobados sin plaza” para continuar en el pozo de la eventualidad, sin unos planes claros de futuro. El interino hace mucho tiempo que sabe lo que es eso de la movilidad geográfica y funcional, que ahora se quiere implantar en la reforma laboral como una novedad y un gran avance. El interino tiene que tener siempre preparado su hatillo para aterrizar en cualquier localidad, grande o chica, a veces para quince días, donde los gastos ocasionados pueden superar a los ingresos. El interino actual está desenterrando viejos dichos, como aquel “pasar más hambre que un maestro de escuela”. También los interinos saben lo que es la deslocalización laboral, pues se ven abocados a opositar en otras comunidades o, como los médicos afectados crecientemente por la privatización de hospitales, buscar mejores oportunidades en otros países. Es una fuga de talentos propiciada por una política sin perspectiva que mira más la estadística y el ahorro temporal que la tipología de servicio y la calidad futura, porque, como tantas otras, era una gran mentira que no se iba a tocar la educación y la sanidad públicas.

     Los interinos, la mayoría de los cuales siguen formándose y reciclándose con la ilusión de poder merecer algún día un proyecto de vida estable, no son unos vagos, como ha señalado cierta presidenta de comunidad autónoma aquejada de una parálisis facial con sonrisa de muñeco. Los interinos, aprobados pero sin plaza, con vacaciones pero sin sueldo, son un sufrido colectivo a quien se da cada vez menos oportunidades y que merece erradicar de una vez los tópicos injustos que mancillan su ya precaria existencia.

Adiós, "moscosos"

Hoy comienzo valientemente, como lo hacen los alcohólicos en sus terapias de grupo. Me llamo Alfonso Callejo, y soy funcionario. Porque ser funcionario es como un estigma que no se borra ni con la excedencia. Es como un pecado original que no ha conocido jamás el bautismo del reconocimiento social. El empleado público ha tenido que soportar siempre la hiriente sospecha de un acceso irregular a su puesto de trabajo, debiendo escuchar eternamente la murmuración despechada de quienes jamás ganarían unas oposiciones. El funcionario calla prudentemente cada vez que alguien echa en cara la cortedad de una jornada laboral llevadera, convencido de lo inútil que resulta quebrar el estereotipo elevado por Larra a la categoría de axioma inamovible desde aquel rancio “vuelva usted mañana”. El funcionario, al parecer, siempre estará agazapado detrás de una ventanilla, aunque sea profesor, médico, bombero o policía, y no existan ya las ventanillas.

     Mi convocatoria (1976) es preconstitucional, con lo cual todavía debí reconocer aquellos no menos rancios Principios Fundamentales de Movimiento Nacional. Acceder a una plaza de funcionario era motivo de alegría familiar, constituía la solución de “una papeleta” de por vida, el inicio de una ilusionante carrera administrativa donde se reconocían los principios de igualdad, mérito y capacidad, a menudo desde posiciones y sueldos muy modestos. Desde una dignificación salarial  que conocí como funcionario en activo en tiempos de Adolfo Suárez, como pago de una deuda histórica que el franquismo había contraído con este sufrido colectivo, todo han sido pérdidas, porque el sueldo del funcionario siempre fue un elemento ideal de los gobiernos para atemperar cifras macroeconómicas, como la inflación o el déficit público, maquillando desaguisados políticos con la fácil congelación y rebaja de esos emolumentos.

   Ser funcionario hoy no solo es haber perdido poder adquisitivo. Por lo que se ve, es haber cambiado su status por la sospecha de ser causantes de la crisis. Es como ser judío en la época Nazi. Y la verdadera persecución acaba de comenzar. Artur Mas, Esperanza Aguirre y la señora de Cospedal señalan el camino a Rajoy: eliminación de ofertas de empleo público. Eliminación de complementos y rebaja adicional del 3% del ya rebajado sueldo. Ampliación del horario de trabajo. Supresión o disminución de los “moscosos”, única prebenda que se ha podido conseguir en especie a falta de un salario digno. Despido de interinos. Obligatoriedad de presentar la baja médica el primer día y rebaja del sueldo si se tiene gripe más de cuatro días. Lo siguiente, estoy convencido, serán las pagas extras. Esto es lo fácil. Lo difícil, por lo visto, meter mano a los escandalosos fraudes fiscales de las empresas, los sueldos obscenos de altos cargos del sector bancario repescado con nuestros impuestos, el chollo fiscal de las sicavs para los ricos. La Constitución señala que todos los ciudadanos son iguales ante la ley… excepto los funcionarios. El aparato del Estado está cabreando a sus propios engranajes, y eso es peligroso, porque la máquina se puede parar.

Las barbas griegas

     Parecía que la globalización era un fenómeno deseable que al fin rompía fronteras para extender el progreso por todo el orbe, pero de momento solo hemos visto que se globalicen los aspectos negativos: las epidemias, las mafias, los virus informáticos, los conflictos bélicos y las crisis económicas. Ser funcionario público en la Europa periférica se ha convertido en todo lo contrario a lo que yo escuchaba cuando aprobé mi primera oposición: una especie de lotería que te va tocando poco a poco durante toda la vida; esto ocurría cuando la “garantía del Estado” cotizaba en máximos históricos; ahora lo que le están tocando a los funcionarios son sus partes pudendas a cuatro manos, y los estados son los paradigmas de las bancarrotas. Ahí tenemos a Grecia, que ya va por suprimir las pagas extraordinarias y eliminar 150.000 empleos públicos.

      Mientras esto ocurre, ciertas empresas privadas mantienen y aumentan los bonus no solo a los directivos, sino a cualquier chisgarabís  que escenifique su sumisión a esa “filosofía de la empresa” solo centrada en la cuenta de resultados. ¿Cómo no va a haber indignados? Los habrá por doquier, y cada vez más en tanto en cuanto estos desequilibrios sigan siendo patentes. La crisis hay que pagarla entre todos.  Los sindicatos se ven abocados a comulgar con ruedas de molino patronales, echando por tierra los logros cosechados en más de cien años de lucha que costó hasta la vida de algunos antepasados. Y cada vez que dicen eso de que España no es Grecia, más lo ponemos en duda en nuestro fuero interno (allí no llegan al 21% de paro, que "disfrutamos" nosotros). En el siglo pasado había un dicho popular: pasar más hambre que un maestro de escuela. Pues bien, es como si un gigantesco péndulo de Foucault nos estuviera situando de nuevo en regiones de estrechez tras un ciclo de varias décadas oscilando por la abundancia y esbozando aquello que dio en llamarse "estado del bienestar". Sabemos que en el transcurso de una vida hay golpes de fortuna y asumimos que si vienen mal dadas podemos pasar de caballo a burro; pero somos incapaces de admitirlo cuando esto sucede tras dos o tres generaciones y además nos toca a la nuestra estrujar y recortar todo lo conseguido. Se diga lo que se diga, Grecia es nuestra referencia, y esto parecen haber asumido los nuevos gestores que toman ahora posesión de sus estrados y cargos públicos para poner todos los parches habidos y por haber antes de las infectadas y sangrantes heridas que se avecinan porque solo hay una manera de hacerlo. Ya lo dijo Franklin: quien compra lo superfluo no tardará en verse obligado a vender lo necesario. Los griegos venderán sus puertos y todo lo que puedan para pagar lo que deben; nosotros hemos empezado por los aeropuertos y las loterías. Llevamos el mismo camino, padecemos el mismo mal. Preparemos el remojo para nuestras propias barbas.

La productividad de los funcionarios

   Al final va a ser verdad  que  los funcionaros  tienen la culpa de la crisis y por eso son necesarias nuevas medidas para hacerles expiar ese inmarcesible pecado original que les salpica desde su nombramiento. El nuevo bautismo salvador, según anunció el ministro Chaves, consiste en ligar la productividad a su salario (o a lo que de él queda después de bajárselo una media del 5%).

     Podemos deducir que con esta iniciativa se pretende aumentar la eficiencia en el sector público, conseguir una mayor motivación en el personal y crear un colectivo verdaderamente implicado profesionalmente en su carrera. Esto es muy bonito sobre el papel, pero nunca se detalla cómo se llega a eso a través de la valoración de la productividad. Para empezar ¿alguien quiere definir operativamente en qué consiste la productividad de un funcionario? Porque tiene que ser algo evaluable y mensurable. ¿El policía que más multas tramita? ¿El médico que más consultas pasa? En la Administración existen sectores muy dispares, algunos de los cuales son susceptibles de gestionarse con modelos de empresa privada y otros muchos no: a un inspector de Hacienda se le puede retribuir adicionalmente en función de sus expedientes exitosos, cuyos resultados tangibles revierten directamente en las arcas públicas, ¿pero un maestro? ¿Y un bombero? Yo les voy a decir qué se esconde detrás de este globo-sonda: algo parecido a lo que ya ha anunciado David Cameron en Inglaterra, es decir, la reducción drástica de los gastos de explotación con la eliminación de puestos de trabajo en la Administración teóricamente prescindibles, pues los funcionarios “productivos” se encargarían de hacerlos innecesarios. Los horarios se “flexibilizarán” para trabajar 11 horas en lugar de 7. ¿Y qué funcionario sería entonces más productivo, a falta de otros criterios objetivos para determinarlo? Pues el que mejor le caiga al encargado de evaluarlo; ahora el peloteo, al fin, ya estaría convenientemente pagado.  Algunas consecuencias de aplicar la dirección por objetivos en la Función Pública, que es hacia donde se encaminan estas reformas serían, en ciertos casos, la existencia de altos responsables convertidos en mercenarios de la retribución variable presionando a jefes y jefecillos -con bonus y mini-bonus-, que a su vez explotan a los miembros de sus negociados con la promesa de unas migajas. Tendremos así unidades administrativas estresadas y faltas de personal, pero, eso sí, más “rentables” ¿y desde cuándo un servicio público tiene que ser rentable por narices? Y a todo esto ¿dónde quedaría el administrado, el ciudadano, todos nosotros? Pues en una atención precaria y deshumanizada con menos empleados públicos, los cuales estarán más preocupados por sus incentivos personales que por prestar un servicio de calidad a la sociedad de la que emanan.  Y al final seguro que se echan cuentas y es verdad que así disminuye el déficit público. Pero ¿a costa de qué?