La productividad de los funcionarios

   Al final va a ser verdad  que  los funcionaros  tienen la culpa de la crisis y por eso son necesarias nuevas medidas para hacerles expiar ese inmarcesible pecado original que les salpica desde su nombramiento. El nuevo bautismo salvador, según anunció el ministro Chaves, consiste en ligar la productividad a su salario (o a lo que de él queda después de bajárselo una media del 5%).

     Podemos deducir que con esta iniciativa se pretende aumentar la eficiencia en el sector público, conseguir una mayor motivación en el personal y crear un colectivo verdaderamente implicado profesionalmente en su carrera. Esto es muy bonito sobre el papel, pero nunca se detalla cómo se llega a eso a través de la valoración de la productividad. Para empezar ¿alguien quiere definir operativamente en qué consiste la productividad de un funcionario? Porque tiene que ser algo evaluable y mensurable. ¿El policía que más multas tramita? ¿El médico que más consultas pasa? En la Administración existen sectores muy dispares, algunos de los cuales son susceptibles de gestionarse con modelos de empresa privada y otros muchos no: a un inspector de Hacienda se le puede retribuir adicionalmente en función de sus expedientes exitosos, cuyos resultados tangibles revierten directamente en las arcas públicas, ¿pero un maestro? ¿Y un bombero? Yo les voy a decir qué se esconde detrás de este globo-sonda: algo parecido a lo que ya ha anunciado David Cameron en Inglaterra, es decir, la reducción drástica de los gastos de explotación con la eliminación de puestos de trabajo en la Administración teóricamente prescindibles, pues los funcionarios “productivos” se encargarían de hacerlos innecesarios. Los horarios se “flexibilizarán” para trabajar 11 horas en lugar de 7. ¿Y qué funcionario sería entonces más productivo, a falta de otros criterios objetivos para determinarlo? Pues el que mejor le caiga al encargado de evaluarlo; ahora el peloteo, al fin, ya estaría convenientemente pagado.  Algunas consecuencias de aplicar la dirección por objetivos en la Función Pública, que es hacia donde se encaminan estas reformas serían, en ciertos casos, la existencia de altos responsables convertidos en mercenarios de la retribución variable presionando a jefes y jefecillos -con bonus y mini-bonus-, que a su vez explotan a los miembros de sus negociados con la promesa de unas migajas. Tendremos así unidades administrativas estresadas y faltas de personal, pero, eso sí, más “rentables” ¿y desde cuándo un servicio público tiene que ser rentable por narices? Y a todo esto ¿dónde quedaría el administrado, el ciudadano, todos nosotros? Pues en una atención precaria y deshumanizada con menos empleados públicos, los cuales estarán más preocupados por sus incentivos personales que por prestar un servicio de calidad a la sociedad de la que emanan.  Y al final seguro que se echan cuentas y es verdad que así disminuye el déficit público. Pero ¿a costa de qué?