Educación, sanidad y crisis.

      No cabe duda de que la universalización de servicios básicos al conjunto de la sociedad, como son la educación y la sanidad, ha sido una de las mayores conquistas sociales de las últimas décadas, ya que han posibilitado el afianzamiento de una convivencia avanzada y establecido los pilares de lo que dio en llamarse “estado del bienestar”. Evidentemente, los recursos que deben destinarse al mantenimiento de esos sistemas, si se quiere que además de universales sean de calidad, tienen que ser elevados; pero la manida crisis económica que nos oprime y que amenaza con no remitir en los plazos que considerábamos razonables al comienzo de la misma, está poniendo en  peligro la continuidad de esos logros sociales, que muchos consideramos irrenunciables.

    Están surgiendo por ahí salvadores del mundo disfrazados de gurús de la economía que ponen seriamente en cuestión la viabilidad del sistema logrado. Recientemente el presidente Guillermo Fernández Vara en su blog se hacía eco de las palabras de Robert Lucas (Nobel de economía en 1995), para quien –refiriéndose a España- es un error que la educación y la sanidad sean igual para todos, pues esto “resta motivación para trabajar duro”. Es decir, el que más pague tiene más derechos que el más desfavorecido económicamente, que nunca podrá igualarle; esto nos lleva directamente a retroceder hasta planteamientos decimonónicos. Habría que ver el contexto general en el que se enmarca este aserto, pero en todo caso lo cierto es que desde distintos ámbitos (y no solo teóricos sino también políticos)  se pone en cuestión este trato igualitario, aprovechando como poderosa excusa la difícil situación  económica. Las preguntas serían: ¿la austeridad y el recorte también deben afectar a estos servicios públicos básicos como a cualquier otro sector, como por ejemplo las infraestructuras?  Y dos ¿se debe dar la posibilidad de obtener mejores servicios sociales al que más pueda pagar?

     La inercia de la austeridad y la reducción del déficit está tentando a los gestores públicos a usar la tijera donde más se gasta, y esta tendencia ya está afectando, aun sin cambiar el modelo, a dichos sistemas, incluso en nuestra comunidad: alumnos que no reciben clases por la retención de contratos de profesores, incremento del ratio de alumnos por aula, etc., según denuncian varios sindicatos del sector educativo. Más preguntas: ¿se puede ahorrar sin merma de la calidad? ¿Qué sería entonces lo realmente superfluo? Volvemos a lo mismo: no basta con haber logrado que estos servicios lleguen a todo el mundo si no va a existir esa calidad. De lo contrario es mejor jugar a otra cosa, que es lo que proponen algunos, pues el deterioro en la prestación de estos servicios públicos justificaría la existencia de una sanidad y educación para ricos y una educación y sanidad para pobres e inmigrantes. El viejo debate vuelve a estar servido.