Evaluaciones personales

     Las evaluaciones en la empresa privada son cosa conocida desde que comenzaron a surgir a mediados del siglo pasado las aplicaciones de la dirección por objetivos (DPO). Son  clásicos los postulados de los teóricos Douglas Mc Gregor con sus teorías sobre la cualificación del personal con la Psicología como base, que se centraban en rasgos de la personalidad y el comportamiento de los empleados; y Peter Drucker, preocupado por la  la innovación, la productividad y la rentabilidad. Las empresas privadas se dedican a ganar dinero ya sea para los propios empresarios y/o para satisfacer a los accionistas: los  centros organizativos en esa pirámide que va desde la alta dirección hasta el último equipo, está formado por grupos y personas individuales que en última instancia son los responsables de nutrir de beneficios la cuenta de resultados. Conozco el paño, pues he trabajado en una gran empresa privada y he estado al corriente de objetivos corporativos derramados territorialmente hasta llegar a la persona simple y llana, con presupuestos a conseguir mensuales, semanales, diarios y hasta por “ratos”, de cuyo cumplimiento depende la retribución variable y las posibilidades de promoción profesional.

     En la cosa pública, donde también he trabajado (que teóricamente no debería tender a conseguir resultados económicos sino a prestar servicios de calidad a los ciudadanos), por mimetismo con la empresa privada y desde que la economía funciona como un cáncer con metástasis,  se han ido implantando paulatinamente medidas tendentes a lograr equilibrios presupuestarios. Es un hecho que en los últimos tiempos no se ha pensado tanto en el mejoramiento de la calidad de los servicios, sino en el ahorro de costes para converger con los compromisos de déficit pactados en Europa.

     Hablemos de Educación, como paradigma de la actuación pública. Durante esta legislatura se han tomado en España las siguientes medidas: supresión de 30.000 puestos docentes para cuadrar las cuentas; incremento del ratio de alumnos por clase; se ha disparado la precariedad al cubrir solo el 10% de las bajas; ampliación de las horas lectivas del profesorado en detrimento de programas de refuerzo, disminución de la cuantía de las becas y aumento de las tasas académicas. Y ahora, ante la proximidad de las elecciones generales se suscita el debate en un “Libro Blanco de la función docente” sobre la idoneidad de los profesores y la necesidad de evaluar su actuación de cara al éxito académico. No he visto osadía y desfachatez mayor como introducir oportuna y artificialmente esta polémica para encubrir los efectos perniciosos de los recortes. Las empresas privadas solventes son exigentes con su personal, pero facilitan las herramientas y productos necesarios para lograr sus objetivos. A los profesores se pretende evaluarlos externamente para ver quiénes son buenos y quiénes malos, estableciendo así diferencias salariales, como en Finlandia. No voy a entrar al trapo de esos criterios evaluativos porque estamos todavía en un estadio muy primario. Hablemos primero de dignidad, retribución, estabilidad, motivación, reconocimiento social, reforzamiento de autoridad docente… y después, posiblemente, de calidad educativa. Como en Finlandia.

Educación para la medianía

     Según el informe PISA, España ocupa uno de los últimos lugares entre los países de la OCDE en cuanto a rendimiento educativo, con un elevado índice de fracaso y abandono escolar. Si hacemos abstracción de la actual coyuntura económica, está claro que lo que haría falta es un aumento de la inversión en educación para salir de ese vergonzante furgón de cola.

     Pero lo que se está cociendo entre las bambalinas del ministerio del ramo y las respectivas consejerías de educación,  puede poner las bases de una auténtica hecatombe en los ya frágiles niveles de calidad que no solo nos harán descender más peldaños en los informes internacionales, sino que –y esto es más importante- conformarán un futuro más sombrío en competencia y competitividad, aspectos tan cacareados para salir del atolladero de la crisis. Detraer tres mil millones de euros de los presupuestos educativos (medio billón de pesetas) supone  el tiro de gracia para nuestro maltrecho sistema educativo público.

     Hay que decirles claramente a los padres y a toda la sociedad qué supone realmente este “ahorro”: con el aumento de la ratio de alumnos por aula se eliminará el seguimiento individualizado y aumentarán las diferencias con el resto de la clase. Con el incremento de las horas lectivas del profesorado, no solo se va a ahorrar en sueldos de miles de profesores interinos que serán despedidos: habrá menos tiempo para preparar clases y actividades, desaparecerán tutorías, imprescindibles con adolescentes, y el contacto con los padres será nulo. Se eliminarán también los refuerzos y será imposible desarrollar programas de mejora en los centros al no poder celebrarse reuniones de coordinación. Existirán menos asignaturas optativas y no serán ofertados todos los itinerarios o especialidades. Paralelamente, para cuadrar horarios se apelará a la movilidad funcional de los profesores que queden; esto supondrá que veremos a un profesor de Historia impartiendo Música, cuando tengan clase, pues no se contratará a un docente por bajas del titular inferiores a quince días. Menos becas, aumento de tasas académicas, supresión de carreras con poco alumnado... Ah, y el que quiera ir a la universidad que pida un préstamo, como ha dicho con toda la desfachatez del mundo el ministro Wert.

   El concepto de ahorro que se maneja tan lastimosamente es el del borrico con orejeras que solo tiene la visión de la senda por la que camina. Con tal de llegar en diciembre a la cifra de déficit comprometida con Bruselas nos jugamos el futuro con una caída en picado en la atención educativa de nuestra juventud. ¿Son más importantes los gastos de defensa? ¿No sería mejor potenciar la lucha contra los defraudadores fiscales en lugar de amnistiarlos? En Europa se empiezan a alzar voces contrarias a esta política de recortar por recortar, sin otra contrapartida. Y en Extremadura había una Ley de Educación, consensuada y comprometida por los partidos presentes en la Asamblea. Parecía que al fin las rencillas políticas habían dado paso a un gran acuerdo por el interés general de la sociedad y el futuro de la región en un capítulo clave como el educativo. Incumplir ahora flagrantemente esa ley cercenando su viabilidad  y dando la vuelta al clima de consenso de la forma en que se pretende, además de engañar a los ciudadanos  es una puñalada trapera a la democracia, que se ve virtualmente anulada por decreto ley.

Adiós, "moscosos"

Hoy comienzo valientemente, como lo hacen los alcohólicos en sus terapias de grupo. Me llamo Alfonso Callejo, y soy funcionario. Porque ser funcionario es como un estigma que no se borra ni con la excedencia. Es como un pecado original que no ha conocido jamás el bautismo del reconocimiento social. El empleado público ha tenido que soportar siempre la hiriente sospecha de un acceso irregular a su puesto de trabajo, debiendo escuchar eternamente la murmuración despechada de quienes jamás ganarían unas oposiciones. El funcionario calla prudentemente cada vez que alguien echa en cara la cortedad de una jornada laboral llevadera, convencido de lo inútil que resulta quebrar el estereotipo elevado por Larra a la categoría de axioma inamovible desde aquel rancio “vuelva usted mañana”. El funcionario, al parecer, siempre estará agazapado detrás de una ventanilla, aunque sea profesor, médico, bombero o policía, y no existan ya las ventanillas.

     Mi convocatoria (1976) es preconstitucional, con lo cual todavía debí reconocer aquellos no menos rancios Principios Fundamentales de Movimiento Nacional. Acceder a una plaza de funcionario era motivo de alegría familiar, constituía la solución de “una papeleta” de por vida, el inicio de una ilusionante carrera administrativa donde se reconocían los principios de igualdad, mérito y capacidad, a menudo desde posiciones y sueldos muy modestos. Desde una dignificación salarial  que conocí como funcionario en activo en tiempos de Adolfo Suárez, como pago de una deuda histórica que el franquismo había contraído con este sufrido colectivo, todo han sido pérdidas, porque el sueldo del funcionario siempre fue un elemento ideal de los gobiernos para atemperar cifras macroeconómicas, como la inflación o el déficit público, maquillando desaguisados políticos con la fácil congelación y rebaja de esos emolumentos.

   Ser funcionario hoy no solo es haber perdido poder adquisitivo. Por lo que se ve, es haber cambiado su status por la sospecha de ser causantes de la crisis. Es como ser judío en la época Nazi. Y la verdadera persecución acaba de comenzar. Artur Mas, Esperanza Aguirre y la señora de Cospedal señalan el camino a Rajoy: eliminación de ofertas de empleo público. Eliminación de complementos y rebaja adicional del 3% del ya rebajado sueldo. Ampliación del horario de trabajo. Supresión o disminución de los “moscosos”, única prebenda que se ha podido conseguir en especie a falta de un salario digno. Despido de interinos. Obligatoriedad de presentar la baja médica el primer día y rebaja del sueldo si se tiene gripe más de cuatro días. Lo siguiente, estoy convencido, serán las pagas extras. Esto es lo fácil. Lo difícil, por lo visto, meter mano a los escandalosos fraudes fiscales de las empresas, los sueldos obscenos de altos cargos del sector bancario repescado con nuestros impuestos, el chollo fiscal de las sicavs para los ricos. La Constitución señala que todos los ciudadanos son iguales ante la ley… excepto los funcionarios. El aparato del Estado está cabreando a sus propios engranajes, y eso es peligroso, porque la máquina se puede parar.

Sanidad pública

He aquí dos palabras a las que el abuso demagógico despoja de su significado original. Si repetimos monja, monja, monja, acabaremos diciendo jamón.  Los clichés que uno se puede formar al respecto son diversos. Para muchos la sanidad pública es ir al ambulatorio a por recetas; para otros es sinónimo de lista de espera, incluso para algunos es un concepto inédito y vacío porque la identifican con la sanidad de los pobres y los inmigrantes, ya que ellos costean seguros de salud privados y prefieren una consulta con televisión e hilo musical, algo que, ciertamente, es absolutamente respetable.

     Pero de la misma forma que no es lo mismo ojear el folleto de la cueva de Nerja que introducirse en sus entrañas, hay que experimentar el sistema sanitario por dentro para forjarse una idea lo más objetiva posible del servicio  público que tenemos en España para salvaguardar nuestra salud, con sus déficits y carencias, pero también con sus virtudes y singularidades. Recientemente no he tenido más opción, en contra de mi voluntad, que ser usuario de su servicio de urgencias, calibrar la dotación humana y material de una UCI, experimentar la asistencia profesional en una planta y, finalmente, someterme a la experiencia de sus especialistas y cirujanos. Prueba superada ampliamente. Y que conste que otras veces también he sufrido colas o retrasos, pero es bueno que usemos esa balanza conceptual que nos permite separar, como el grano de la paja, lo esencial de lo accesorio. Mi convalecencia me permite más tiempo para informarme en Internet de todo lo relacionado con los marcapasos, artilugio bendito con el que he salido del hospital. No pueden ustedes imaginarse cómo en los foros la gente de  México o Argentina  buscan ofertas en la red para comprar por ahí uno por 7.000 dólares (el sueldo de un año en muchos países) para ver si después se lo pueden poner a su madre en algún hospital que no sea muy caro.

    Yo les digo a ustedes que no sabemos lo que tenemos. Es verdad que el sistema, por su universalidad,  mantiene deudas con proveedores y adolece de capacidad para ser más ágil en la asistencia, y últimamente se están cargando las tintas en estos extremos, tal vez para justificar determinados cambios después, porque no hay dinero para mantenerlo tal como está. Pero el fraude fiscal sigue siendo del 23% del PIB mientras la sanidad representa el 6%. Miren qué cerca están las perras.

   Mientras banqueros sin escrúpulos se van a su casa con los bolsillos llenos,  flota en el ambiente la intención de meterle mano decididamente a este sistema sanitario aduciendo necesidad de recortes para aminorar el déficit, como si  la salud pública tuviera que  ser un negocio. Si hay que volver a las barricadas para evitarlo, allí estaré yo con mi marcapasos.

Recortes

     Este vocablo es un ejemplo más de la mutación semántica que los tiempos imprimen al idioma. Antes de la dichosa crisis esta palabra  recordaba aquellos retales y trozos de periódico atesorados como perlas rescatadas del abigarrado y mortecino contexto de la prensa,  por contener escritos que no merecían el destino efímero de un diario, normalmente la papelera.  También entre los epígrafes de la lista de la compra, esa retahíla escrita azarosamente en un ticket de aparcamiento, a menudo figuraba  la palabra "recortes", que adquirían por la noche su esencia gastronómica en los trocitos de jamón rehogado con judías verdes. Y, en fin, cuando los toros gozaban de toda su lozanía, sin atisbo alguno de prohibición en el horizonte, los banderilleros también se permitían efectuar recortes adornando  su faena.

     Ya solo cabe una acepción para esta palabra. El recorte es aplicable a sueldos de funcionarios,  pensiones, presupuestos  públicos y privados; y se ha emparentado políticamente con otras frases hechas de empalagosa recurrencia, como la que hace invariablemente mención a los agujeros del cinturón. La habilidad y la rotundidad en este tipo de tijera virtual, que ha tomado con fuerza el relevo de aquellos casposos censores del franquismo, es ya, por tanto, el principal prerrequisito para desempeñar un cargo público con garantías de éxito. No importa  que se haya estudiado economía en Harvard o se haya hecho un máster en Cambridge. Mire usted cómo recorta ese consejero de economía, o ese alcalde o ese presidente autonómico. Ahora sin profesores interinos, con la mitad de quirófanos, sin coche oficial, con menú del día y sin agua embotellada, ¡qué grandes gestores!

     Nadie cree en la virtuosidad de esa nueva casta de mandatarios con la tijera colgada del cuello como sastres de la cosa pública. Porque todos han salido de la misma camada, aquella que al comienzo de cada legislatura subía sus sueldos, dietas y demás prebendas retributivas con la aquiescencia y el regocijo de los respectivos grupos, que callaban en sus escaños. Dedicarse “a la política” ha sido –en bastantes casos- una forma de medrar económicamente durante unos añitos quedando difuminada esa pretensión con un aparente compromiso con el pueblo. Y quienes no tenían chofer ni móvil oficial, ni comidas y vinos de honor a cada paso, aspiraban ansiosamente a ello  si algún día llegaban al status que lo hiciera posible. No me digan que no. Por todo esto parece bastante impúdico que cómplices del despilfarro se erijan ahora en adalides de la austeridad porque esos vientos les favorecen. Borges decía que toda la Humanidad se divide en platónicos y aristotélicos, y a esta dialéctica se reducen todas las diferencias y disputas que nos enfrentan, pero no observó cuán débil es la línea que nos permite adoptar filosofías distintas ni cuán erráticas llegan a ser nuestras convicciones.