El fin de los interinos

El acuerdo alcanzado entre gobierno y sindicatos para la estabilización de  miles de interinos en las Administraciones Públicas tiene  una casuística amplia, inabordable en este breve espacio. Como funcionario de carrera (en excedencia), trataré de señalar solo algunas claves que evidencian que no  todos saldrán beneficiados.

     Por un lado, existen esferas administrativas donde pasan muchos años sin convocarse pruebas selectivas, siendo la  interinidad  la forma de provisión habitual. Aquí está  indicada la innovación legislativa promovida por Miquel Iceta de dar oportunidad de obtener plaza fija mediante unas oposiciones a quienes ya están en el desempeño, ponderando adecuadamente su experiencia. Pero, claro,  hay que estudiar.  Para otros cuerpos  de la Administración no sucede así: a pesar de convocarse oposiciones periódicamente, existe un contingente importante de interinos  que ponen poco empeño, sabedores de que siempre habrá eventuales y  ocuparán los primeros puestos en las bolsas. Algunos de estos “interinos profesionales”, agrupados en  plataformas, exigen la “fijeza” sin concurrencia pública, infringiendo ese principio legal. Ahora deberán acudir a un examen por mucho que se dulcifique su nota con la experiencia.

     Aunque esta medida solucionará la inestabilidad laboral de muchos empleados públicos, también creará importantes agravios en otros colectivos. Los opositores  sin experiencia previa, que se tiran diez horas diarias de estudio durante meses, verán muy difícil la obtención de una plaza ante quienes ya van con un 40% de la nota final en los concursos en base al tiempo acumulado en su interinidad. Quizás  sería bueno que hubiera un turno libre y otro restringido, con plazas para todos. Y, también, los funcionarios de carrera que gracias a su tesón lograron plaza en una oposición libre, se verán adelantados –tal vez- y postergados en los escalafones por muchos de quienes no se esforzaron tanto en el pasado pero ya computan  tiempo de servicio previo, y esto tiene incidencia capital en baremos de promoción interna, concursos de traslados, etc. Lo que es justo para unos, será visto como perjuicio para otros.

   Este proceso, que se lanza como algo  innovador, no lo es en absoluto. En mis tiempos de funcionario en activo ya se dieron algunas oposiciones  rozando la ilegalidad  solo para interinos (es decir, con tantas vacantes como aspirantes, y no con la proporción de una plaza por cada 60 opositores, como fue mi caso). Creo que aquellos procesos selectivos, sin ser idénticos, inspiran en parte este nuevo Decreto. Los interinos, por norma general, obtendrían ahora su plaza, pues dudo que la Administración engorde su déficit indemnizando económicamente a quien no apruebe, como contempla el Decreto. El mayor problema es que muchos eventuales, por edad y circunstancias familiares no podrán implicarse como quisieran en una preparación de garantías.

   Se busca un equilibrio, pero es inestable, donde no todos ganan y resulta difícil preservar en todo caso los  principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Valorar la experiencia en un concurso-oposición es justo, pero en ocasiones la  competencia no  es algo que emerja de un ensalmo por el mero discurrir del tiempo, ni en la empresa privada ni en la pública. La formación y el esfuerzo nunca se deben soslayar.

 

Efecto llamada

Este término se acuñó hace años, utilizándose por la oposición al proceso de regularización de inmigrantes que llevó a cabo el gobierno de Zapatero. El efecto llamada consistiría en la llegada masiva de  inmigrantes ilegales ante la supuesta benevolencia ofrecida por aquel proceso regulador. Después no existió ninguna constatación empírica que justificase aquel temor. Eso ya es agua pasada y el problema no existe, pero estamos ante una curiosa reutilización semántica del término “efecto llamada”, que lejos de abandonarse con el fenómeno extinguido que lo justificó,  se usa actualmente para referirse a la posible llegada de opositores de otras comunidades autónomas para optar a plazas públicas convocadas por la administración regional, como si esto supusiera otra “amenaza” al sistema.

     Tal vez el caso más emblemático lo tengamos en las oposiciones educativas y mi opinión pueda resultar redundante sobre otras ya manifestadas. Aclaremos que los cuerpos docentes tienen carácter estatal y los interesados en optar a estas plazas tienen el derecho constitucional a hacerlo en cualquier parte del territorio, existiendo concursos de traslados igualmente nacionales. Las comunidades que exigen el dominio de una lengua vernácula están más blindadas; pero dicho esto, no deja de resultar llamativo que en la región líder en tasas de desempleo se estén solicitando reuniones urgentes y recogiendo firmas para que no se convoquen oposiciones, y se mantengan un año más condiciones precarias e inestables para los docentes interinos, solo por el temor a que opositores de otras latitudes puedan “chafar” alguna plaza a los de aquí. Lo ideal sería celebrar oposiciones simultáneas en toda España, pero estas competencias transferidas se gestionan según las necesidades de cada comunidad, por lo que la movilidad interterritorial es un hecho. Ante esto, además de una falta de confianza en el talento de nuestros jóvenes titulados, esta actitud proteccionista  resulta opuesta a la finalidad del proceso selectivo: garantizar que los aspirantes más cualificados ocupen las plazas ofertadas, pues de eso se beneficiará en este caso la calidad de la enseñanza, con independencia de que ese opositor haya nacido en Almendralejo o en Cieza. Quienes se escudan  en este posible “efecto llamada” para intentar paralizar oposiciones muy necesarias por la temporalidad que sufre el sector educativo (incluso con especialidades con dificultad para encontrar docentes, lo que motiva que los alumnos estén sin profesor largos periodos) se sumen en un corporativismo no exento de  provincianismo: se entiende que luchen por que se convoque el mayor número de plazas posible, pero no que aboguen por que no se convoque ninguna con la esperanza de que en otro año venga menos gente. No tengo claro que minimizar ese efecto llamada –que nunca es avalancha- justifique postergar un proceso selectivo. Conozco casos de opositores/as extremeños que ante la raquítica o nula oferta han obtenido plaza en otra comunidad, aprovechándose del “efecto llamada” pero en sentido inverso, al igual que hacen los temidos opositores  que vienen de fuera. Ya volverán. He aquí una opción que parecen no contemplar los interinos que recogen firmas: buscar el futuro allí donde se vislumbre como alternativa plausible a esperar a verlas venir sin movernos de la silla. Antes del estado autonómico uno concursaba en toda España y no era nada dramático. Resultaba enriquecedor y la endogamia no constituía una prioridad ineludible.

Evaluaciones personales

     Las evaluaciones en la empresa privada son cosa conocida desde que comenzaron a surgir a mediados del siglo pasado las aplicaciones de la dirección por objetivos (DPO). Son  clásicos los postulados de los teóricos Douglas Mc Gregor con sus teorías sobre la cualificación del personal con la Psicología como base, que se centraban en rasgos de la personalidad y el comportamiento de los empleados; y Peter Drucker, preocupado por la  la innovación, la productividad y la rentabilidad. Las empresas privadas se dedican a ganar dinero ya sea para los propios empresarios y/o para satisfacer a los accionistas: los  centros organizativos en esa pirámide que va desde la alta dirección hasta el último equipo, está formado por grupos y personas individuales que en última instancia son los responsables de nutrir de beneficios la cuenta de resultados. Conozco el paño, pues he trabajado en una gran empresa privada y he estado al corriente de objetivos corporativos derramados territorialmente hasta llegar a la persona simple y llana, con presupuestos a conseguir mensuales, semanales, diarios y hasta por “ratos”, de cuyo cumplimiento depende la retribución variable y las posibilidades de promoción profesional.

     En la cosa pública, donde también he trabajado (que teóricamente no debería tender a conseguir resultados económicos sino a prestar servicios de calidad a los ciudadanos), por mimetismo con la empresa privada y desde que la economía funciona como un cáncer con metástasis,  se han ido implantando paulatinamente medidas tendentes a lograr equilibrios presupuestarios. Es un hecho que en los últimos tiempos no se ha pensado tanto en el mejoramiento de la calidad de los servicios, sino en el ahorro de costes para converger con los compromisos de déficit pactados en Europa.

     Hablemos de Educación, como paradigma de la actuación pública. Durante esta legislatura se han tomado en España las siguientes medidas: supresión de 30.000 puestos docentes para cuadrar las cuentas; incremento del ratio de alumnos por clase; se ha disparado la precariedad al cubrir solo el 10% de las bajas; ampliación de las horas lectivas del profesorado en detrimento de programas de refuerzo, disminución de la cuantía de las becas y aumento de las tasas académicas. Y ahora, ante la proximidad de las elecciones generales se suscita el debate en un “Libro Blanco de la función docente” sobre la idoneidad de los profesores y la necesidad de evaluar su actuación de cara al éxito académico. No he visto osadía y desfachatez mayor como introducir oportuna y artificialmente esta polémica para encubrir los efectos perniciosos de los recortes. Las empresas privadas solventes son exigentes con su personal, pero facilitan las herramientas y productos necesarios para lograr sus objetivos. A los profesores se pretende evaluarlos externamente para ver quiénes son buenos y quiénes malos, estableciendo así diferencias salariales, como en Finlandia. No voy a entrar al trapo de esos criterios evaluativos porque estamos todavía en un estadio muy primario. Hablemos primero de dignidad, retribución, estabilidad, motivación, reconocimiento social, reforzamiento de autoridad docente… y después, posiblemente, de calidad educativa. Como en Finlandia.

Interinos

     El adelgazamiento de las estructuras de la Administración Pública puesta en marcha por los gobiernos hijos de la gran crisis, afrontado como una dieta salvaje de esas que permiten perder funcionarios en pocos meses para mirarse ufanos en el espejo de Europa, ha hecho aflorar de nuevo aquella figura olvidada del interino, con reminiscencias añejas. Porque no todos los servicios administrativos son susceptibles de ser eliminados de un plumazo con su dotación de personal incluida. La gente sigue enfermando, y los niños y jóvenes continúan necesitando educación de calidad so pena de dirigirnos hacia una sociedad zopenca por mor de la reducción del déficit. De manera que funcionarios o no, alguien debe encargarse de estos servicios esenciales porque la tasa de reposición de enfermos, desgraciadamente, no es del 10% y los niños que van a la escuela son aproximadamente los mismos cada año.

    El interino es, pues, ese ser que, realizando el mismo trabajo, vegeta a la sombra de los funcionarios de carrera en regresión, con cada vez más escasas posibilidades de acceder algún día a un puesto fijo. Los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad son una entelequia para quienes después de superar unas oposiciones con la máxima puntuación, son etiquetados hirientemente como “aprobados sin plaza” para continuar en el pozo de la eventualidad, sin unos planes claros de futuro. El interino hace mucho tiempo que sabe lo que es eso de la movilidad geográfica y funcional, que ahora se quiere implantar en la reforma laboral como una novedad y un gran avance. El interino tiene que tener siempre preparado su hatillo para aterrizar en cualquier localidad, grande o chica, a veces para quince días, donde los gastos ocasionados pueden superar a los ingresos. El interino actual está desenterrando viejos dichos, como aquel “pasar más hambre que un maestro de escuela”. También los interinos saben lo que es la deslocalización laboral, pues se ven abocados a opositar en otras comunidades o, como los médicos afectados crecientemente por la privatización de hospitales, buscar mejores oportunidades en otros países. Es una fuga de talentos propiciada por una política sin perspectiva que mira más la estadística y el ahorro temporal que la tipología de servicio y la calidad futura, porque, como tantas otras, era una gran mentira que no se iba a tocar la educación y la sanidad públicas.

     Los interinos, la mayoría de los cuales siguen formándose y reciclándose con la ilusión de poder merecer algún día un proyecto de vida estable, no son unos vagos, como ha señalado cierta presidenta de comunidad autónoma aquejada de una parálisis facial con sonrisa de muñeco. Los interinos, aprobados pero sin plaza, con vacaciones pero sin sueldo, son un sufrido colectivo a quien se da cada vez menos oportunidades y que merece erradicar de una vez los tópicos injustos que mancillan su ya precaria existencia.