Recuerdo que cuando en 1992 entró en vigor la obligatoriedad de llevar puesto el cinturón de seguridad al volante, no fueron pocos quienes pusieron el grito en el cielo ante esta nueva imposición, exhibiendo esa visión de la libertad tan española cuando las leyes obligan bajo sanción dañando la comodidad de la costumbre: “mi vida es mía, si me mato, me mato yo”. Por lo visto no contemplaban la posibilidad de quedar parapléjicos, por ejemplo, ni calculaban las repercusiones sociales, médicas, económicas y familiares que conlleva la siniestralidad vial en general, que se ha reducido espectacularmente gracias a lo del cinturón y otra serie de medidas. Aunque en principio se actúe más por miedo a la sanción que por conciencia de peligro, ahí están las cifras, y ya vemos normal llevarlo puesto incluso en ciudad.
Estamos ahora en una situación parecida desde la reciente entrada en vigor de la llamada “Ley Antitabaco”. Me atrevería a decir que ante una prohibición aún más justificada que la de circular sin cinturón de seguridad, pues si bien tener un 50% más de posibilidades de morir en caso de accidente no compromete la salud ajena, no ocurre así con el tabaco, como es bien sabido. No faltan fumadores que amparados en asociaciones que defienden su derecho a fumar donde lo han hecho siempre, claman nuevamente ante esta “inquisición antitabaco” aduciendo otra vez esa particular y peregrina perspectiva del asunto:”el cáncer de pulmón es mío”. Como exfumador con más de diez años de trayectoria sin humo propio, veo injustificable y pueril estos argumentos. Se apela también a la crisis económica y a un supuesto descenso en los beneficios de la hostelería. Si bien es cierto que habrá quien deje de acudir a los bares, sospecho que también habrá quien regrese a ellos, que desertaron por no querer respirar el humo ajeno. En todo caso, ahora estamos hablando de 56.000 muertos al año en España como consecuencia directa del tabaquismo activo o pasivo: veinticinco veces más que las víctimas mortales por accidente de carretera. Pongamos una balanza y decidamos qué pesa más. Reflexionemos sobre quién tiene derecho a decidir sobre la salud de los demás y a quién compete preservar y proteger la salud colectiva. Ya sabemos que todas las medidas coercitivas generan incomodidad y rechazo al principio, pero ¿se acuerdan de cómo se ponían las aulas de humo cuando estaba permitido fumar allí? ¿O cómo estaba el mismísimo Congreso con el puro de Santiago Carrillo y los cigarrillos de la mitad de diputados? Estamos ante un tema educacional que llevará algún tiempo hasta que se vea normal no fumar en espacios públicos cerrados; la repercusión de esta ley en los bares que frecuento y su implantación está siendo modélica. Al final -estoy seguro- cambiaremos de nuevo de actitud y todos saldremos ganando. Pero ¿qué es lo más inteligente? Dejar el tabaco, y ahora hay una nueva oportunidad.
