Aconsejan no opinar ni tomar decisiones en
caliente. Lo que pasa es que hay acontecimientos que difícilmente enfrían el
ánimo, ya hayan transcurrido 72 horas o
seis meses. El despiadado y brutal
asesinato de un niño de ocho años, indefenso y ajeno a las torcidas componendas
mentales de su verdugo es un nuevo y
triste objeto de debate público sobre dos aspectos clave: la prevención de
hechos monstruosos y el castigo que merece el ejecutor/a de estos actos criminales. Poco se puede hacer en cuanto a la prevención
de crímenes bestiales cuando en su
ejecución interviene una mente fría y abyecta –no necesariamente enferma-. Por
desgracia existe un porcentaje incontrolable de individuos/as capaces de
imponer su propio impulso desquiciado ajeno a todo atisbo de conciencia moral.
Porcentaje pequeño pero suficiente para destrozar familias de por vida y
levantar a todo un país en un clamor de rabia.
A punto de aparecer el cadáver de Gabriel (un
11-M) se hicieron públicas unas frases del “Chicle”, jactándose de que “dentro de tres o cuatro
años ya saldré de permiso”. Sirva este dato para reflexionar seriamente sobre
el segundo aspecto, el que se refiere a la proporción del castigo en relación
al daño causado. No voy a usar la comparativa penal de estos crímenes con el de
robar una bicicleta; alguien me llamaría demagogo, pero ante la evidencia de
que esa desproporción sigue existiendo, hay que incidir en la implantación de
un castigo acorde con la monstruosidad de ciertos delitos. A gran parte de la
población del país le resultaría indignante y hedionda la escena de José Bretón
cruzándose algún día por la calle con Ruth, la madre de los niños –sus propios
hijos- a los que asesinó y quemó por despecho.
La prisión permanente revisable, que con
distintos nombres existe en prácticamente toda Europa debe mantenerse en el
ordenamiento jurídico. Confieso que aun no me había pronunciado sobre este
tema, confiando en la competencia de nuestros representantes en el Parlamento.
Pero ahora tengo el convencimiento de que quienes quieren derogar esta medida
penal no representan en absoluto al 80% de la población que es partidaria de su
aplicación. Y si lo que pretenden los partidos que abogan por su revocación
es desgastar al gobierno que lo impulsó, estamos ante una muestra más de la
mezquindad suprema y el desvarío que rodea a la política. No podemos ser el único país en el que esa
especie de cagalera libertaria y garantista nos aboque a acordarnos solo de los
derechos humanos de los delincuentes. ¿Qué pasa con los derechos humanos de
niños arrojados despiadadamente a un pozo, o quemados y descuartizados porque estorbaban? ¿O los derechos de chicas
violadas y asesinadas, o de víctimas de una bomba criminal? Derechos humanos que
también tienen sus familias y sus vecinos a quienes para atemperar su dolor
solo les queda el recurso mental de saber que se hará justicia.
La prisión permanente no se aplicaría todos los días, pues está
dispuesto que se trata de una medida excepcional para delitos de extrema
gravedad (actualmente solo hay un reo cumpliebndo esta condena), que está consolidada en nuestro entorno, avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y
además sería revisable por los jueces de vigilancia penitenciaria. Evitemos que
los "pescaítos" de Gabriel sean aún más
negros de lo que ya son.
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