La fragmentación política a la que
tendemos en estos tiempos está introduciendo nuevos escenarios, donde a partir
de ahora habrá que representar la actividad pública. La bandera de la llamada
regeneración democrática, impuesta por las nuevas formaciones con creciente
representación, se está sustanciando en exigencias de cambios, en algunos casos
copernicanos, como el que afecta a los emolumentos económicos de los cargos
públicos.
Actualmente muchos de estos cargos
provienen de una verdadera profesión política con ocupación de desempeños por espacio de mucho tiempo (veinte años o
más de alcalde, diputado, consejero, asesor, puesto de confianza, etc.), hasta
el punto de que los hay que realmente saben hacer muy poco fuera de la política.
Es muy recomendable la lectura del libro “¡Mamá, quiero ser político!”, de los
periodistas Sandra Mir y Gabriel Cruz, donde también se describen
detalladamente las cantidades percibidas por los representantes electos y otras
prebendas económicas, como las asignadas una vez terminada su función: sería el
caso de ex ministros o ex presidentes autonómicos. Hasta hace unos años,
incluso en el caso de ser elegido para una sola legislatura y no perpetuarse,
los sueldos percibidos podían estar en consonancia con los de la vida
profesional previa a entrar en política de un abogado, notario o ingeniero.
Pero la situación se ha dado la vuelta como un calcetín: los partidos
emergentes están formados mayoritariamente por candidatos jóvenes cuya
procedencia es la situación social sobrevenida: el mileurismo, la precariedad
laboral, el paro y el subempleo. Es decir, tienen poco que perder al entrar en
política.
De ahí que este recambio de cargos electos
posibilite que se propongan medidas como, por ejemplo, limitar el sueldo de un
alcalde o un consejero autonómico a tres veces el salario mínimo, menos de dos mil
euros brutos al mes, alrededor de 1.600 netos; esta es una cantidad difícil de
encontrar ahora en un trabajo en la calle, pero… ¿es suficiente para responsabilidades que
requieren dedicación exclusiva y muchas horas de “marrones? Porque esta
austeridad también puede desincentivar a
personas con valía y hacerlos huir de la política. O, a lo peor, generar la
tentación de completar sus necesidades de otra manera; Émile Zola decía que la honradez
absoluta no existe en mayor cantidad que la salud perfecta. En todos nosotros
hay un fondo de codicia, al igual que hay un fondo de enfermedad.
Habrá casos y casos, no es lo mismo un
alcalde de pequeño municipio que el de una ciudad media, pero si queremos que
nos representen los mejores, los más preparados, los más equilibrados y con
mejor criterio, que lo hayan demostrado en sus desempeños profesionales,
entonces no los podemos desactivar con un sueldo “regenerativo” porque
simplemente no vendrán. No se puede confundir transparencia con cicaterismo. La
regeneración es otra cosa: evitar duplicidad de cargos, ajustar las
incompatibilidades, eliminar sobresueldos o dietas injustificadas, las rentas
vitalicias, limitar mandatos, perseguir a los que meten la mano e incluso restringir
las puertas giratorias y los emolumentos desproporcionados. Pero un sueldo
digno –en la política y en cualquier sitio- debería estar a salvo porque es perfectamente
compatible con esa decencia que todos pretendemos.
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