Hoy comienzo valientemente, como lo hacen los alcohólicos en sus terapias de grupo. Me llamo Alfonso Callejo, y soy funcionario. Porque ser funcionario es como un estigma que no se borra ni con la excedencia. Es como un pecado original que no ha conocido jamás el bautismo del reconocimiento social. El empleado público ha tenido que soportar siempre la hiriente sospecha de un acceso irregular a su puesto de trabajo, debiendo escuchar eternamente la murmuración despechada de quienes jamás ganarían unas oposiciones. El funcionario calla prudentemente cada vez que alguien echa en cara la cortedad de una jornada laboral llevadera, convencido de lo inútil que resulta quebrar el estereotipo elevado por Larra a la categoría de axioma inamovible desde aquel rancio “vuelva usted mañana”. El funcionario, al parecer, siempre estará agazapado detrás de una ventanilla, aunque sea profesor, médico, bombero o policía, y no existan ya las ventanillas.
Mi convocatoria (1976) es preconstitucional, con lo cual todavía debí reconocer aquellos no menos rancios Principios Fundamentales de Movimiento Nacional. Acceder a una plaza de funcionario era motivo de alegría familiar, constituía la solución de “una papeleta” de por vida, el inicio de una ilusionante carrera administrativa donde se reconocían los principios de igualdad, mérito y capacidad, a menudo desde posiciones y sueldos muy modestos. Desde una dignificación salarial que conocí como funcionario en activo en tiempos de Adolfo Suárez, como pago de una deuda histórica que el franquismo había contraído con este sufrido colectivo, todo han sido pérdidas, porque el sueldo del funcionario siempre fue un elemento ideal de los gobiernos para atemperar cifras macroeconómicas, como la inflación o el déficit público, maquillando desaguisados políticos con la fácil congelación y rebaja de esos emolumentos.
Ser funcionario hoy no solo es haber perdido poder adquisitivo. Por lo que se ve, es haber cambiado su status por la sospecha de ser causantes de la crisis. Es como ser judío en la época Nazi. Y la verdadera persecución acaba de comenzar. Artur Mas, Esperanza Aguirre y la señora de Cospedal señalan el camino a Rajoy: eliminación de ofertas de empleo público. Eliminación de complementos y rebaja adicional del 3% del ya rebajado sueldo. Ampliación del horario de trabajo. Supresión o disminución de los “moscosos”, única prebenda que se ha podido conseguir en especie a falta de un salario digno. Despido de interinos. Obligatoriedad de presentar la baja médica el primer día y rebaja del sueldo si se tiene gripe más de cuatro días. Lo siguiente, estoy convencido, serán las pagas extras. Esto es lo fácil. Lo difícil, por lo visto, meter mano a los escandalosos fraudes fiscales de las empresas, los sueldos obscenos de altos cargos del sector bancario repescado con nuestros impuestos, el chollo fiscal de las sicavs para los ricos. La Constitución señala que todos los ciudadanos son iguales ante la ley… excepto los funcionarios. El aparato del Estado está cabreando a sus propios engranajes, y eso es peligroso, porque la máquina se puede parar.














